La huella psicosocial, particularmente profunda, que están dejando la COVID-19 en ciertos colectivos de la población trabajadora, también se traduce tanto en mayores riesgos psicosociales (ansiedad, estrés, depresión), como en consumos y hábitos de vida poco saludables. El resultado está creando un caldo de cultivo para posibles adicciones, como el crecimiento del tabaquismo o del consumo de hipnosedantes.

Así lo determina el informe ‘Crisis y cambios en el trabajo asociados a la COVID-19 y su impacto en las adicciones. Nuevos factores de riesgo y protección para las personas trabajadoras’, coordinado por la Universidad de Jaén, en el que han participado diversas universidades españolas y ONG’s, promovido por UGT-CEC y financiado por el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas. En el mismo se evidencia con datos la existencia de esta huella psicosocial “oculta” en la población en general, y más intensamente en ciertos grupos específicos (según edad, género, situación personal, contagio, etc.), que tienen como consecuencia fracturas psíquicas o agujeros emocionales.

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UJA, Cristóbal Molina.

“La OIT (2020) alerta sobre la necesidad de gestionar la cuestión de la salud psicosocial en el trabajo atendiendo a los eventuales consumos nocivos y comportamientos adictivos para que las organizaciones caminen por una senda de salud y bienestar. También la OMS, que estima que al menos un 20% de la población padecerá algún tipo de afectación negativa a su salud mental, el doble de la incidencia en circunstancias normales, incluye esta dimensión para la gestión de la promoción de la salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta que casi una de cada dos personas (44%) ha convivido en escenarios laborales de alta tensión. Asimismo, nuevos estudios evidencian los beneficios de esta gestión integral, tanto para las personas trabajadoras como para las empresas”, indica Cristóbal Molina Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén y director del Observatorio-Laboratorio Andaluz de Riesgos Psicosociales (LARPSICO).

Este estudio constata, a partir de la revisión de otros estudios, nacionales e internacionales, que la pandemia ha provocado una profunda alteración en determinados hábitos de consumo, destacando el aumento del uso de redes sociales, del tiempo dedicado a ver la televisión, así como el dedicado al uso de videojuegos entre la población más joven. También refleja un aumento de consumo tabáquico en las mujeres y de consumo de psicofármacos, si bien es menor en hombres (7,6%) que en mujeres (15,4%). Asimismo, se apunta un aumento en el consumo de productos de mayor carga calórica –también mayor en mujeres (49%) que en hombres (32,9%)- y toma relevancia la situación ocupacional, convirtiéndose en factor de riesgo tanto la inseguridad en el trabajo como la pérdida del empleo.

En cuanto a los factores de riesgo, el estudio destaca: la edad (18-39 años), no tener pareja, padecer enfermedades cardiovasculares o pulmonares previas, convivir o tener personas diagnosticadas de COVID-19, tener a cargo personas con discapacidad severa o con trastornos mentales previos, estar desempleado o la inseguridad creada de perder el empleo, así como una situación económica deficiente. Por el contrario, frente a los mismos, se identifican como factores de protección: tener menores a cargo, tener estudios, mantener el trabajo que se desempeñaba o estar en una situación de pensionista, disponer de una buena situación económica o prestar servicios mediante teletrabajo.

Síntomas en la población trabajadora

Por lo que respecta a los síntomas producidos en la población trabajadora, dicho estudio refleja que casi el 42% de la misma presenta síntomas relevantes de ansiedad, casi el 70% requerirían una evaluación detallada del servicio de prevención de riesgos laborales por alto riesgo de estrés e, incluso, depresión poscovid-19. El 86, 2% presenta nerviosismo, irritabilidad o tensión, el 84,7% alteración del sueño, el 68,8 % tiene con frecuencia dolor de cabeza, el 42,6% presenta sensación de ahogo sin esfuerzo físico, el 61,5% revela sentirse agobiado y en tensión, el 56,8 % manifiesta tener una falta de concentración y el 46,5 % se siente poco feliz y deprimido.

En este sentido, la mayor huella psicosocial se produce en los colectivos profesionales con una mayor exposición a la pandemia, como personal sanitario y personal de residencias, por estar obligados a prestar sus servicios en “primera línea” de lucha contra ella y por tanto con un mayor nivel de exposición al riesgo. De esta manera, en dichos colectivos se registra una mayor huella psicosocial y un mayor riesgo de consumos nocivos, especialmente hipnosedantes.

En concreto, por lo que respecta al personal sanitario, el estudio determina que, presenta la mayor fractura psicosocial. También se registra una sintomatología típica de pérdida de salud psíquica: insomnio, ansiedad, estrés y depresión. Frente a ello, se propone instaurar terapias conjuntas e individuales enfocadas al impacto provocado por el coronavirus en su personal, el tratamiento de protección social desde la gestión reparadora de estas situaciones, el factor de riesgo/factor de protección (certidumbre económica), la incertidumbre inicial sobre la naturaleza del contagio o cuarentenas (desde su no consideración como un accidente de trabajo, sino solo asimilado a él, pasando por la calificación de accidente de trabajo, hasta la enfermedad profesional), o la “bajísima” estimación de contingencia profesional en el sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo.

Por lo que respecta al personal de residencias de mayores, en España hay empleadas 320.000 personas, el 80% en el sector privado. Además, el 83% son mujeres que se dedican principalmente a la atención a personas altamente demandantes de cuidados. Así, la pandemia agrava las “precarias” condiciones laborales, incrementándose el riesgo psicosocial (carencia de personal estructural, así como de medios de medios de protección y diagnóstico). Los principales factores que producen un impacto emocional negativo son la muerte de personas residentes, la culpabilización de la sociedad (en contraste con la valoración positiva de la sanidad pública considerada “heroica”), la soledad y el aislamiento producido durante el confinamiento en las propias residencias, la sensación de abandono e incomprensión, el miedo a contagiarse o la alta frecuencia de los casos de shock postraumático ante el fallecimiento de residentes con los que habían desarrollado lazos afectivos. Como consecuencia de todo esto, se ha duplicado el uso de hipnosedantes.

El catedrático de la UJA Cristóbal Molina considera que, en línea con lo que propone la OIT (Anticiparse a las crisis, prepararse y responder, 2021), la salud psicosocial de las personas en general, y trabajadoras en particular, ha sido la gran olvidada en la gestión de esta pandemia, “por lo que será determinante, para una acción más eficaz en el futuro, integrar los riesgos psicosociales y los hábitos de vida saludable en los protocolos para abordar las próximas, que vendrán”. “De paso, es una oportunidad para normalizar en la gestión de riesgos laborales las cuestiones relacionadas con la salud psicosocial, para mejorar el bienestar de las personas y la salud de las organizaciones, haciéndolas más sostenibles, también económicamente”, afirma.

Junto a la Universidad de Jaén, el resto de las universidades que han participado en este estudio han sido la Universidad Jaume I de Castellón (Margarita Miñarro Yanini, profesora titular del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social) y la Universidad Complutense de Madrid (Guilermo Fouces, doctor de Psicología), la Universidad de Deusto, así como la ONG PATIM. Los resultados de este informe fueron abordados el pasado 17 de noviembre en la jornada ‘La gestión de las adicciones en el trabajo, un reto para avanzar en organizaciones saludables’, organizada por el Observatorio-Laboratorio de Riesgos Psicosociales (LARPSICO), que dirige la Universidad de Jaén, del Instituto Andaluz De Prevención De Riesgos Laborales (IAPRL) de la Junta de Andalucía, junto con los Centros de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de Jaén y Granada.