Hacia la pérdida de la soberanía alimentaria

España ha pasado en el último siglo de ser un país eminentemente agrícola, que exportaba a gran escala productos como naranjas, vino o aceite, a ‘externalizar’ fuera de sus fronteras la mayor parte del uso de tierra que necesita para satisfacer sus necesidades. Antes del comienzo de la gran crisis económica, se importaron productos que requerían más superficie cultivada en otros países que la que se cultivó en España, una tendencia que se multiplicó por 7 en los últimos 50 años. Un estudio realizado por varias universidades andaluzas pone de manifiesto la pérdida de soberanía alimentaria de España en el último siglo, proceso común en los países occidentales.

Biomasa , consumo , Cultivo

Autor: Isidoro García

Fuente: Fundación Descubre


Sevilla |
06 de noviembre de 2018

El estudio, publicado en la revista Land Use Policy, ha estimado el suelo requerido para producir biomasa, los productos agrarios y forestales que España consume, durante más de 100 años, de 1900 a 2008. Para ello, científicos y científicas de las de las Universidades Pablo de Olavide (UPO), Córdoba (UCO) y Jaén (UJA) han analizado la evolución de los requerimientos de superficie cultivada y forestal española de este periodo, relacionándola por primera vez con el consumo. Tuvieron en cuenta la biomasa que se importa y exporta (incluidos los cultivos industriales y para alimento animal), calculando la superficie que se necesita.

“La mayoría de productos de biomasa requiere grandes cantidades de tierra para su producción”, explica a la Fundación Descubre Juan Infante Amate, investigador de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y autor principal del trabajo. Efectivamente, la superficie cultivada en España en 1960 era de 20,4 millones de hectáreas (Mha), mientras que en 2008 ocupaba 17,3 Mha, según datos del estudio. A primera vista, este descenso se podría explicar por el incremento de la productividad que generan las mejoras tecnológicas de los cultivos: en este tiempo se ha multiplicado por 3 la producción por hectárea, lo que ha permitido un ahorro de 27,1 millones de hectáreas de cultivo en España en el último siglo.

Extensión de tierra de cultivo en Brasil.

Sin embargo, el aumento de la población que ha experimentado el país requirió 17,6 Mha adicionales, y el cambio en los hábitos alimenticios, con una dieta más basada en productos cárnicos que requieren mucha biomasa, 15,2 millones de hectáreas adicionales. Es decir, la superficie de cultivo que ahorra la mejora productiva no compensa el incremento que genera la población y los cambios en la dieta. Entonces, ¿de dónde viene lo que comemos? “Esos 6 millones adicionales en la demanda más lo que dejamos de cultivar aquí provienen de otros países” concluye Infante.

“Nuestro estudio muestra que las necesidades de tierra han crecido mucho en España, sobre todo desde 1960. Sin embargo, durante ese período ha caído la superficie cultivada en el país”, apunta el investigador. A partir de los años sesenta se observa un incremento acelerado en la brecha entre la superficie cultivada dentro y fuera del país, llegando a las 22,8 Mha importadas en 2008, 7 veces más que hace 50 años. “Mediante la importación de productos agrarios de otros países lo que hacemos es ocupar virtualmente su tierra”, resume el investigador. Como consecuencia, España necesita la misma superficie cultivada fuera del país que dentro.

En un mundo globalizado, esto tiene importantes consecuencias. “El impacto es que nuestro modelo de consumo requiere la ocupación de más tierra, un recurso escaso y frágil a nivel global. Además, externalizar el consumo fuera del país nos hace menos soberanos en términos alimentarios. Por otro lado, esos flujos comerciales generan impactos ambientales en los países que nos exportan, como emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, pérdida de biodiversidad, erosión…”.

Según Infante, el caso más evidente es el de la soja que viene de Brasil: sirve para alimentar animales en España para sostener una dieta cada vez más cárnica, pero allí genera problemas como la deforestación o el desplazamiento de comunidades locales, que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) señala como problemas de primer nivel.

Juan Infante Amate, investigador de la Universidad Pablo de Olavide.

Sin embargo, el sistema también tiene ventajas desde el punto de vista de aprovechamiento del suelo, ya que el comercio permite localizar la producción de manera más eficiente. En total, España ocupa hoy 12 Mha fuera de sus fronteras, pero, si tuviera que producir la misma cantidad de biomasa que consume dentro de sus fronteras se necesitarían 18 Mha. Esto se debe a que los países que nos exportan grano son mucho más productivos que España.

También ocurre lo contrario con productos en los que España es muy productiva. El estudio pone de manifiesto que es ineficiente en términos territoriales importar tomates, puesto que la productividad de este cultivo en España dobla a la de fuera. Sin embargo, Infante remarca que en sólo se tiene en cuenta el uso de suelo. “Los impactos ambientales o la eficiencia productiva deben analizarse abordando otros elementos como la fertilidad del suelo, el impacto en el clima y otras variables económicas”, subraya.

El investigador de la UPO asegura que esta tendencia a ‘externalizar’ la tierra cultivada es común en países ricos con alta densidad de población, aunque también se da en países del norte de África por la aridez del clima. Esta externalización de los cultivos tiene ventajas, pero también promueve un consumo excesivo que tiene importantes impactos en los países productores. Los investigadores pretenden seguir estudiando cómo afectarían cambios tecnológicos, en la dieta o en el clima, a la demanda de tierra en los próximos años, lo que permitirá diseñar políticas agrarias y alimentarias más sostenibles.

Referencias:

Infante-Amate, J., Aguilera, E., Palmeri, F., Guzmán, G., Soto, D., García-Ruiz, R., González de Molina, M. “Land embodied in Spain’s biomass trade and consumption (1900–2008): Historical changes, drivers and impacts”, Land Use Policy 78 (2018), 493-502. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.019


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