La Universidad de Córdoba (UCO) será parte fundamental del futuro tratado de las Naciones Unidas que completará el actual régimen jurídico relativo a los recursos genéticos marinos con el objetivo de protegerlos y hacer un uso sostenible de los mismos, desarrollando, entre otras cuestiones, un sistema de reparto equitativo de sus beneficios. Y ello, gracias al trabajo de la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Eva M. Vázquez Gómez, quien negocia actualmente como único miembro de la delegación española procedente de una universidad el futuro Acuerdo de Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Vázquez fue desde 2014 asesora legal de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea tras la obtención de una plaza de Experta Nacional Destacada y, desde marzo de 2018, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores en las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental del futuro acuerdo. Desde esas posiciones, la investigadora de la UCO trabaja para desarrollar y completar aquellas disposiciones relativas a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina más allá de la jurisdicción nacional.

Fondos marinos.

El tratado en cuestión viene a profundizar en las disposiciones recogidas en la última normativa al respecto que se remonta a 1982. Casi 30 años después, el marco jurídico sobre la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos del alta mar y los fondos marinos sigue siendo el mismo, detalle que choca de lleno con el desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías y los millones de datos que se conocen en la actualidad y que demuestran el valor incalculable de estos recursos para el bienestar y la salud de la sociedad.

Las primeras negociaciones del nuevo tratado que podría entrar en vigor en 2020, según sostiene Eva M. Vázquez se remontan a 2004 cuando los Estados en desarrollo, fundamentalmente los países latinoamericanos, insulares del Pacífico y africanos, comienzan a alzar su voz con el objetivo puesto en tener acceso a la biodiversidad marina que se encuentra más allá de la jurisdicción nacional, así como disponer de la tecnología y la información al respecto con la que cuentan los países industrializados. Se trata, por tanto, de un intento de alcanzar los mismos derechos y las mismas obligaciones sobre unos espacios, el alta mar y los fondos marinos, que pertenecen a la comunidad internacional en su conjunto, con el objetivo puesto en proteger estos recursos y que se desarrolle un reparto más equitativo entre todos los estados que conforman la comunidad internacional.

Hasta la fecha, únicamente los estados con la tecnología más avanzada se han beneficiado de los datos recabados por la comunidad científica. Con el futuro tratado se pretende que la sociedad internacional en su conjunto pueda tener acceso a la información que esconden estos recursos procedentes de aguas marinas sobre los que ningún estado tiene jurisdicción definida. Y es que los fondos marinos cuentan con información genética extraída de sus recursos de gran valor para el bienestar y la salud de la sociedad como es el caso de la elaboración de nuevos fármacos para combatir enfermedades.

En la actualidad, la alta mar se rige por el principio de libertad, sólo limitado por el principio de conservación y cooperación en materia de Pesca con un tratado internacional de la década de los noventa y otros relativos a la Navegación. Por tanto, el futuro tratado quiere desarrollar la insuficiente regulación actual de los recursos genéticos marinos que se encuentran en zonas más allá de la jurisdicción nacional abarcando cuatro aspectos: la distribución de sus beneficios, delimitar las áreas marinas protegidas como principal instrumento de conservación de estos recursos, evaluar el impacto ambiental de la actividad humana en las zonas donde se practica la navegación, la pesca o la minería marina y la creación de la capacidad y transferencia de tecnología marina, tan crucial para los estados en desarrollo.

La misión de la profesora de la UCO se resume en la defensa de los intereses españoles tanto en Madrid (preparando la posición española) y en Bruselas (en la preparación de la posición común que ha de tener la Unión Europea), como en Nueva York (sede de Naciones Unidas donde se celebra la conferencia intergubernamental) para el desarrollo en este nuevo tratado.