Todos podemos ser iguales en algunas cosas. Se suele decir que tanto para un rico como para un pobre lo más importante, lo que más quiere, son sus hijos. También se dice que tanto uno como otro tendrán que morir algún día. Y, en eso, en que ambos morirán al final, no cabe discusión.

Podríamos debatir si acaso el significado de “algún día”, porque igual el primero, con la vida y posibilidades de atención sanitaria que tiene, podría retrasarlo más que el segundo. Pero con la COVID-19 rondándonos parece que el nivel de riqueza importa poco. Si estamos predispuestos a que nos afecte con especial gravedad, a día de hoy y en un país como el nuestro, lo pasaremos igual de mal siendo ricos o pobres.

Igualdad en el acceso a la vacuna

Lo mismo sucede con el acceso a la vacuna. Por muchos recursos económicos que uno tenga, en un país como el nuestro la vacuna no le va a llegar antes. Eso es porque la vacunación se mantiene sólo dentro del sistema público de salud, sin posibilidad hasta la fecha de que podamos acceder legalmente a la misma por la vía privada, comprándola en una farmacia a un precio desorbitado, por ejemplo.

Esta realidad es sumamente importante. En una situación tan terrible como la que atravesamos parece que por fin, en algo, la dignidad del ser humano prevalece por encima de su condición económica, con igual tratamiento a pobres y a ricos. Ha tenido que llegar esta pandemia para recordarnos la igualdad en la condición humana.

Aplicación de las condiciones en el acceso a la vacuna

Distinto del dinero, es decir, de ese elemento que hace que se distinga entre ricos y pobres en función de la mayor o menor tenencia del mismo, es el mayor o menor poder. Estamos presenciando casos de abuso y desviación de poder en los que ciertos sujetos, con puestos de responsabilidad, aprovechan sus cargos para interpretar su propias circunstancias como “de especial riesgo”, adelantando indebidamente su acceso a la vacunación. Parece que, a los efectos mencionados, el poder político o de responsabilidad administrativa está resultando incluso más poderoso que el dinero.

Financiación de la sanidad: del rico al pobre

En un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro, la redistribución de la riqueza forma parte del mecanismo normal del ingreso y el gasto público, tanto en sistemas liberal-conservadores, como en sistemas socialdemócratas, sin depender de ideologías.

Paga mayores impuestos quien más gana y más tiene. Y paga menos –o no paga– quien gana menos o –nada–. Simultáneamente, quienes tienen menor capacidad económica reciben mayor aportación de gasto y ayudas públicas. Al contrario que quienes tienen una capacidad contributiva mayor, que pagan mayores impuestos, aunque no utilicen tanto los servicios públicos, como sanidad o educación, prefiriendo en muchos casos el acceso a ambas de forma privada.

En cuanto a los tributos, se pagan con independencia de que el contribuyente acceda a más o menos servicios públicos. El principal impuesto, el que aporta mayores ingresos públicos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se paga en función de lo que se gana y no en función de que se utilice en mayor o menor medida la sanidad o la educación pública. En otras palabras, el pobre no paga IRPF, pero tiene necesidad de utilizar la sanidad pública más que el rico, que es quien realmente aporta mayores fondos para mantenerla.

El valor de la solidaridad

Al final todo forma parte del engranaje de la solidaridad en que se basa nuestro sistema fiscal. El rico, con sus impuestos, paga la vacuna del pobre. Y no puede vacunarse antes que éste si sus condiciones físicas o de actividad no le suponen un mayor riesgo ante la COVID-19. Se trata de una manifestación más de la redistribución de la riqueza que implican los sistemas fiscales democráticos y que representan algo normal en una sociedad como la nuestra, por más temores que pueda suscitar el término “redistribución”.

La normalidad con que esto es asumido y la igualdad real a la que nos ha reconducido a todos esta situación tan inesperada hacen que la vacunación ante la COVID-19 se convierta en un paradigma de la igualdad. Igualdad sobre todo en la dignidad de la persona dentro de la sociedad, más allá de sus riquezas, asumida por todos con la madurez democrática y la solidaridad social de la cultura constitucional.

Éstos son los valores reales.