El glifosato es un principio activo usado como herbicida que descubrió en 1969 la multinacional estadounidense Monsanto y cuya patente se liberó en 2000. Desde entonces lo comercializan muchas empresas agroquímicas. La lucha contra su empleo se ha convertido en una bandera de los ecologistas en su lucha contra los pesticidas.
Un agricultor emplea glifosato.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), parte de la Organización Mundial de la Salud, dictaminó en 2015 que el glifosato es “posiblemente cancerígeno para las personas”. Pero a finales de ese mismo año, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que asesora en ciencia a las instituciones comunitarias, concluyó que “es improbable que provoque cáncer en los humanos”. La lucha estaba servida entre la industria, los activistas y los científicos de un bando y de otro para demostrar su inocuidad o sus efectos dañinos.
La Comisión Europea (CE) adoptó la renovación del glifosato por cinco años, hasta finales de 2022, aunque dejó la responsabilidad de su autorización final en los países, que decidirán libremente.
De momento, el gobierno de Alemania ha indicado que el 31 de diciembre de 2023 es la fecha a partir de la cual el glifosato estará prohibido, dentro de una campaña del Ministerio de Medio Ambiente de lucha contra la extinción de los insectos. Ayuntamientos como el de Sevilla probaron sistemas sustitutivos del glifosato.
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