En la imagen, resonancia magnética nuclear de cráneo mostrando hemorragia intracerebral profunda (cerebelo). / Wikipedia

El Hospital Universitario Ramón y Cajal, junto con siete centros hospitalarios públicos más (Hospital Universitario La Paz, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Hospital Vall Hebrón de Barcelona, Hospital Trías y Pujol de Barcelona, Hospital La Fe de Valencia, Hospital Navarra y Hospital Clínico Santiago de Galicia), ha presentado esta semana el proyecto Quick.

Su objetivo es comprobar si el manejo de los pacientes con sospecha de ictus es el correcto, para detectar posibles retrasos en su atención y corregirlos en una segunda fase.

Así, cada centro reclutará durante un período de dos meses a 25 pacientes que acudan o sean trasladados al hospital con ‘código ictus’ activo. Los médicos medirán el intervalo de tiempo en el trato del paciente en cada paso de un ictus e identificarán las áreas de mejora de todo el proceso de gestión.

Según ha declarado Jaime Masjuán, coordinador del proyecto y de la unidad de ictus del Hospital Universitario Ramón y Cajal, “cada minuto que pasa desde que se produce un ictus corre en contra del pronóstico del paciente. Quick intentará reducir los tiempos desde que el paciente acude al hospital minimizando al máximo sus secuelas”.

Por su parte, Jaime Gállego, coordinador del grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, ha afirmado que “el ictus es la causa más frecuente de ingreso y de prolongación de estancia hospitalaria en los servicios de Neurología. Es necesario acelerar todos los procedimientos para que el paciente reciba su tratamiento en el menor tiempo posible”.

Se estima que más del 70% de las personas que sufren un ictus isquémico no reciben tratamiento temprano en las 4,5 horas siguientes al comienzo de los primeros síntomas, por no llegar dentro de este intervalo de tiempo a una unidad especializada de un hospital.

Para los expertos, esto se traduce en un aumento significativo de pacientes dependientes y discapacitados, con la consecuente disminución de la calidad de vida y el elevado gasto sociosanitario.

El impacto del ictus

En España, el ictus es la segunda causa de muerte –la primera en mujeres– y afecta cada año a más de 130.000 personas, de las cuales 80.000 fallecen o quedan con alguna discapacidad.

Concretamente, la mortalidad por ictus isquémico (8 de cada 9 ictus son de este tipo) es del 15% de los pacientes en los primeros 30 días y del 33% de los pacientes al cabo de un año sino son tratados específicamente. Sin embargo, los médicos inciden en que lo más importante son las secuelas que producen.

Desde el punto de vista económico, los costes sanitarios en el primer año tras el diagnóstico de un ictus son muy elevados debido al ingreso hospitalario y a la rehabilitación, y están relacionados con la duración de la estancia hospitalaria del paciente.

Un paciente que sufre un ictus y queda dependiente cuesta al Estado entre 20.000 y 30.000€ el primer año. Concretamente, el ictus consume entre el 3% y el 4% del gasto sanitario en los países de rentas elevadas, distribuyéndose el 76% de los costes directos en el primer año.