Los conflictos socio-ambientales más evidentes ocurren cuando se ponen en marcha actuaciones que interfieren en los intereses de una comunidad concreta. Las grandes infraestructuras pueden ser un ejemplo claro, como la típica carretera potencialmente positiva para el sector turístico de una comarca, por hacerla accesible, mientras que para el movimiento ecologista supone un atentado contra el medio ambiente y la diversidad natural de la zona. Las posturas entre ambas partes se enconan y suele llegarse a los tribunales, con el coste económico y de tiempo que esto conlleva. Y además, los fallos judiciales no suelen convencer a quienes se consideran perdedores del litigio.

La historia cambia si media un investigador acreditado, que puede ganarse la confianza de las partes y aportar datos neutrales y objetivos, garantizando así la equidad, con el fin de buscar un entendimiento y una solución consensuada. Así lo entiende Mª Victoria Gil, personal investigador del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba que ha desarrollado un método científico aplicable a la mediación ambiental.

“En la mayoría de las situaciones conflictivas no es difícil ser admitido como mediador por los que defienden un proyecto que les favorece”, asegura Mª Victoria, “lo más difícil es conseguir la confianza de los detractores”. Para desarrollar su estudio, la profesora cordobesa y su equipo estudiaron desde dentro diferentes conflictos socio-ambientales existentes en Andalucía, en los que el propio investigador hacía las veces de mediador. Pudieron comprobar que “es precisamente la credibilidad en la institución universitariala que ayuda a conferir la confianza necesaria”. La clave está en conseguir que ninguna de las partes se sienta excluida de la toma de decisiones, causa principal de la generación de este tipo de problemas.

Cierto es que antes de ejecutar un proyecto de gran envergadura, como la carretera que poníamos de ejemplo, los posibles afectados cuentan con mecanismos de participación ciudadana, como la presentación de alegaciones en la fase de exposición pública, para hacer constar su oposición y aportar posibles alternativas o soluciones. Pero parece que no siempre son efectivos, a veces porque simplemente no se usan al resultar demasiado complejos o desconocidos. Es así como se llega habitualmente a intentar resolver el conflicto por la vía judicial. Pero, según comenta Mª Victoria Gil, “los conflictos que se resuelven judicialmente ofrecen en su mayoría soluciones cerradas, que no suelen ser entendidas, ni compartidas, por quienes consideran sus intereses contravenidos por decisiones impuestas y que las perciben como favorecedoras para la otra parte”. Por el contrario, la mediación ambiental, al basarse en la participación, emana como un proceso más constructivo, observando los conflictos como oportunidades para el cambio social en beneficio de la mayoría y reduciendo la tensión social.

El método

Pero no parece tan fácil actuar como mediador neutral en un conflicto social y ambiental y conseguir resolverlo. Para hacerlo era necesario un método. Y ese es la gran aportación del estudio de Mª Victoria: la aplicación de procesos de Investigación-Acción-Participación en los conflictos estudiados, es decir, “desarrollar una estrategia de actuación en la que los sujetos investigados participen activamente, tanto en el estudio del fenómeno que se investiga y que precisa una solución, como en la búsqueda de soluciones que se pretenden encontrar para solventarlo”. Mª Victoria explica que “con un estudio (Investigación) en profundidad del conflicto, es posible desarrollar planes de Acción en los que el conjunto de implicados (población, instituciones y grupos políticos) se integran y Participan para buscar la mejor resolución para el conflicto.”

La esencia del proceso de mediación ambiental es la participación de los implicados en el conflicto, que quieren una solución efeectiva del mismo. El mediador debe facilitar el entendimiento de las partes de forma neutral y equitativa, pero los implicados han decooperar voluntariamente en la búsqueda de soluciones por consenso, lo que ya supone un buen punto de partida, según los expertos, pero en ningún caso ni unos ni otros toman la decisión final sobre la aprobación o desaprobación del proyecto que motivó el conflicto socioambiental, ya que esto es responsabilidad y competencia de las administraciones públicas. Esas son las reglas del juego.

Para que este método sea efectivo, es importante que la población afectada tenga cierta cultura participativa y un concepto claro de desarrollo sostenible. Pero no siempre ocurre así. Éste fue el primer escollo que el grupo de trabajo de Mª Victoria tuvo que subsanar en todos los casos estudiados; entre ellos, el conflicto socio-ambiental suscitado por el Almacén de Residuos Radiactivos de El Cabril, instalación ubicada en Hornachuelos (Córdoba) y gestionada por la empresa pública Enresa.

Allí, el investigador-mediador consiguió, mediante una nutrida agenda de acciones informativas y participativas, implicar en el proceso de mediación tanto a Enresa como a la población preocupada por la existencia de estas instalaciones en la zona. Se abrieron canales de colaboración que ayudaron a flexibilizar las posturas y a ganar confianza mutua entre el conjunto de las partes para desarrollar acciones conjuntas. Pero un tiempo después de darse por finalizada la investigación, en enero de 2014, se anuncia públicamente una ampliación de El Cabril, reactivándose un conflicto que había sido superado. Según Mª Victoria Gil, de haberse mantenido activos los canales de comunicación que implicaban a Enresa, a las instituciones locales y a la población de los municipios de su influencia, tal como se estableció gracias al proceso de mediación, se hubiese evitado o al menos minimizado este recrudecimiento.

En algunos países, como Estados Unidos, existe desde hace años una normativa legal de la mediación ambiental; en otros, como Alemania o Austria, son las administraciones públicas las que incentivan estos procesos. En España, este tipo de mediación aún no está regulada, a pesar de su potencialidad para resolver conflictos socio-ambientales. “Pero lo que yo valoro más positivamente –puntualiza Mª Victoria Gil- es que bien aplicado, tiene la facultad de poder prevenir, de anticiparse a las principales causas implicadas en la generación de todos los conflictos: las dudas, los recelos, o la desconfianza, motivadas por una información tergiversada o interesada.” También en esto, la Ciencia ofrece respuestas eficaces.